RECORTES PRESUPUESTALES PONEN EN VILO ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS DE SALUD: DIPUTADA MÓNICA SANDOVAL

·         Pidió una reasignación presupuestal en rubros de salud mental, oncológica, sexual y reproductiva, así como en el sistema de vacunación y el fortalecimiento de instituciones dedicadas a defender los Derechos de las y los pacientes.

Como parte del análisis del Proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, la legisladora Mónica Sandoval presentó una serie de reservas a diversos artículos con el objetivo de garantizar el acceso libre e irrestricto a los servicios de salud para toda la población mexicana. Actualmente, más de 50 millones de personas carecen de este derecho.

Desde su formación como profesional de la psicología, la diputada Sandoval ha puesto especial énfasis en la salud socioemocional, señalando que sus afectaciones pueden derivar en violencia, bullying y agresiones de género.

En 2025, el 25% de la población entre 18 y 65 años presenta algún tipo de afectación mental, lo que ha incrementado la demanda de atención especializada. Por ello, propuso ampliar el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, considerando que 35 millones de mexicanos han padecido episodios depresivos, según cifras del INEGI.

La legisladora alertó sobre la desaparición de once programas de salud que se pretende aglutinar en uno solo como parte de una estrategia de ahorro. Entre ellos, destaca un programa vigente hasta 2023 que garantizaba atención médica básica y de alta especialidad a personas sin seguridad social. También propuso rescatar el presupuesto para ciencia e investigación en salud, al considerar que su impacto va más allá del ámbito médico y promueve el desarrollo económico incluyente.

En materia de diversidad, expresó su preocupación por la eliminación del programa de atención integral al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El Presupuesto aprobado en lo general no contempla un programa focalizado para la comunidad LGBTTTIQ+, ni lo incluye en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, la desaparición del mecanismo de prevención del VIH incumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por México ante la ONU, al reducir de 13 a solo 2 los indicadores de atención.

También denunció el impacto de los recortes en la salud sexual y reproductiva de mujeres y madres mexicanas, que enfrentan un incremento en infecciones de transmisión sexual y embarazos adolescentes. En este rubro, el presupuesto disminuyó 11 por ciento, lo que ha derivado en un aumento de la mortalidad materna juvenil.

Otra de sus reservas busca restablecer el programa de atención a la obesidad y diabetes, con el fin de continuar las tareas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. La ausencia de este programa perpetúa la brecha de atención y aumenta el gasto de las familias sin seguridad social.

La diputada subrayó la urgencia de fortalecer los esquemas de vacunación, debilitados desde el sexenio anterior, lo que ha provocado el resurgimiento de enfermedades como el sarampión y expone al país a nuevos episodios pandémicos, agravados por los efectos del cambio climático.

En el ámbito oncológico, señaló que miles de pacientes no han recibido los tratamientos ni medicamentos necesarios para detener el avance del cáncer. Por ello, propuso destinar mayores recursos al Instituto Nacional de Cancerología, única institución de tercer nivel con atención especializada para personas sin derechohabiencia.

Finalmente, advirtió que la ciudadanía permanece indefensa ante casos de negligencia médica y mala praxis, que se incrementaron 43 por ciento en el IMSS. A pesar de ello, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) sufrirá un recorte superior al 13 por ciento en el próximo ejercicio fiscal.

En otro orden de ideas, Mónica Sandoval llamó a atender los desafíos derivados del cambio climático, que ha provocado precipitaciones sin precedentes y puesto a prueba la infraestructura hídrica en regiones como el Valle de México. El crecimiento demográfico desorganizado y la falta de recursos agravan los riesgos para la integridad y el patrimonio de las comunidades.

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