PROMUEVE ARIANA REJÓN REFORMA PARA DAR CONTINUIDAD Y EVITAR VACÍO EN TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

·       Se propone establecer un plazo máximo de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento de la nueva persona titular, evitando vacíos de poder prolongados.

·       La reforma respeta la facultad del Ejecutivo Federal para nombrar y remover libremente a los titulares de las secretarías, enfocando la regulación únicamente en el tiempo de vacancia para asegurar la oportunidad del servicio público.

Con el objetivo de asegurar que la política nacional en materia de igualdad sustantiva y protección de los derechos de las mujeres no se detenga ante situaciones de vacante en su titularidad, la diputada federal Ariana Rejón Lara presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La propuesta busca adicionar párrafos al artículo 42 Bis de dicha ley para establecer un mecanismo claro que garantice la continuidad institucional de la Secretaría de las Mujeres.

La legisladora priista señaló que la reforma contempla dos garantías fundamentales: establece un límite de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento de una nueva persona titular en caso de que ocurra una falta absoluta (por renuncia, remoción, defunción o incapacidad definitiva). 

Y crear un procedimiento de aplicación inmediata para que la subsecretaría correspondiente asuma las funciones de despacho y garantice la operatividad de la dependencia sin interrupciones, evitando vacíos de autoridad. 

"La existencia de una rectoría institucional permanente y operativa es condición de eficacia de las obligaciones del Estado mexicano", subrayó la diputada Rejón Lara. Advirtió que un periodo prolongado de acefalia no solo constituye un problema de organización administrativa, sino que afecta directamente la tutela de derechos constitucionales y convencionales fundamentales para mujeres, adolescentes y niñas. 

La iniciativa enfatiza que esta reforma no busca limitar las facultades discrecionales del Ejecutivo Federal para nombrar a los titulares de las dependencias, sino asegurar que la dependencia encargada de la política de género cuente siempre con conducción al más alto nivel para cumplir con sus funciones sustantivas. 

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