PRI RECHAZA LEY DE MORENA QUE AMENAZA CON CRIMINALIZAR LA CRÍTICA Y AMORDAZAR A LOS MEXICANOS

·         La bancada priista advirtió que el dictamen puede propiciar la persecución y autocensura de periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos.

·         Rubén Moreira exigió suspender la discusión, devolver el proyecto a comisiones y abrir un parlamento abierto para garantizar la protección de las libertades.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaron en contra del dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al advertir que, bajo el argumento de combatir la piratería, incorpora disposiciones que pueden poner en riesgo la libertad de expresión, la protección al periodismo y la caricatura, al abrir la puerta a la censura.

A nombre de la bancada del PRI, coordinada por Rubén Moreira Valdez, los legisladores Arturo Yáñez, Alejandro Domínguez y Emilio Suárez señalaron que la protección de los derechos de autor no debe convertirse en un instrumento de intimidación contra periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica, por lo que exigieron garantías expresas en la ley para evitar interpretaciones que vulneren derechos fundamentales.

El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, pidió suspender la discusión del dictamen, devolverlo a comisiones y abrir un parlamento abierto para escuchar a especialistas, periodistas, caricaturistas y sectores involucrados. Advirtió que una legislación ambigua puede derivar en sanciones penales por expresiones que deben estar protegidas, como el uso humorístico, paródico o satírico de símbolos oficiales.

En su intervención, Arturo Yáñez Cuéllar sostuvo que el respeto no se decreta y que el ridículo no se combate con el Código Penal. Enfatizó que el PRI no defiende a quienes cometen fraudes o falsifican páginas para robar a las familias, sino el derecho de la sociedad a cuestionar al gobierno sin temor a represalias, por lo que advirtió que una redacción imprecisa puede convertirse en un instrumento de intimidación política.

Yáñez Cuéllar exigió garantías claras para proteger la parodia, la crítica política y el periodismo, al señalar que los ciudadanos no necesitan permiso del gobierno para reírse ni los periodistas autorización para exhibir sus errores. “Si no quieren ser meme, dejen de ser el material”, expresó al cuestionar que Morena pretenda proteger su imagen mediante disposiciones penales.

Por su parte, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez recordó que en la Comisión de Justicia propuso incorporar un segundo párrafo al artículo 403 Bis para establecer expresamente la protección de moneros, caricaturistas y quienes realizan parodia, que se respete siempre la libertad de expresión. Consideró que esa precisión permitiría eliminar incertidumbres jurídicas sin dejar la protección de estos derechos a la interpretación de los tribunales.

Señaló que no basta con asegurar verbalmente que la reforma no afectará a quienes hacen sátira política: esa garantía debe quedar escrita en la ley. Cuestionó la incongruencia de quienes califican como positivas las redes sociales cuando les conviene, pero después responsabilizan a los algoritmos de las críticas y de los problemas del gobierno.

A su vez, el diputado Emilio Suárez Licona explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sí establece compromisos para combatir la piratería y la falsificación a escala comercial, pero subrayó que esas obligaciones no justifican que el gobierno amplíe innecesariamente el alcance de las sanciones penales.

El congresista añadió que el proyecto lleva al terreno penal conductas que podrían atenderse por la vía civil y establece disposiciones que pueden propiciar la censura y la autocensura entre creadores de contenido, caricaturistas, comediantes y ciudadanos que realizan sátira política. Señaló que el T-MEC establece un piso de protección para la propiedad intelectual, no una autorización para restringir libertades.

Los legisladores del PRI reiteraron que no permitirán que, bajo el pretexto de combatir la piratería, se pretenda silenciar a quienes cuestionan al poder. La libertad de expresión, enfatizaron, no es una concesión del gobierno ni un privilegio de unos cuantos, sino un derecho que debe garantizarse sin excepciones ni amenaza.

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