PRESENTA VERÓNICA MARTÍNEZ MOCIÓN SUSPENSIVA CONTRA LEY DE ECONOMÍA DIGITAL; ADVIERTE RIESGOS DE EXCLUSIÓN Y FALTA DE SEGURIDAD

• Señaló que la digitalización es indispensable para el futuro del país, pero no puede avanzar a costa de la informalidad, la privacidad y el patrimonio de las familias mexicanas.
• A nombre del PRI propuso devolver el dictamen a comisiones y abrir un parlamento abierto con especialistas, pequeños negocios y ciudadanía.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Verónica Martínez García, presentó una moción suspensiva al dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, al considerar que la propuesta actual carece de las condiciones necesarias para garantizar una transición justa, segura e inclusiva.
La legisladora reconoció que la modernización tecnológica y la inclusión financiera son objetivos prioritarios para el desarrollo de México; sin embargo, advirtió que no es posible respaldar una reforma que pretenda avanzar hacia la digitalización sin tomar en cuenta las desigualdades estructurales del país.
Presentó cinco razones fundamentales por las cuales es necesario detener este dictamen, devolverlo a comisiones y abrir un espacio de diálogo con especialistas y sectores productivos:
Una de ellas es que contar con un dispositivo móvil no garantiza acceso a internet confiable ni a la capacitación técnica indispensable para operar plataformas financieras de manera segura. Con cerca del 55 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad, la digitalización por sí sola no resuelve este reto sin esquemas de incentivos y simplificación viables.
Además, las microempresas representan el 95 por ciento de las unidades económicas del país, y el dictamen carece de claridad sobre los costos de transición, herramientas accesibles y alternativas ante fallas tecnológicas.
Un mayor volumen de operaciones digitales incrementa la exposición a delitos cibernéticos, por lo que se requieren protocolos sólidos de prevención, respuesta y deslinde de responsabilidades. Así como el uso de herramientas como el CURP y expedientes digitales exige garantías estrictas para evitar el uso indebido de información confidencial, protegiendo en todo momento la privacidad de los ciudadanos.
Ante este panorama, el Grupo Parlamentario del PRI propuso retirar el dictamen del orden del día y devolverlo a la comisión dictaminadora. El objetivo, dijo Verónica Martínez, es convocar a un parlamento abierto que permita escuchar a especialistas, sectores productivos y a la ciudadanía, logrando así un análisis técnico, inclusivo y responsable.
"Modernizar a México es necesario, pero sin excluir. No podemos construir un país más digital generando nuevas desigualdades", concluyó la diputada Verónica Martínez.
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