NO MÁS IMPUESTOS, EXIGEN DIPUTADOS DEL PRI

·         Rechazan reformas a la Ley Federal de Derechos por ser un nuevo golpe al bolsillo de las familias mexicanas y al sector productivo, con incrementos en el servicio del agua, entradas a museos y  trámite de pasaportes.

·         Votarán en contra de cualquier medida que pretenda cargar sobre los ciudadanos el costo de la mala administración pública.

·         Elevar las cuotas migratorias hasta en un 100% es una contradicción ética, regularizarse en México se convierte en un lujo.

·         Jericó Abramo Masso, Juan Moreno de Haro y Ana Isabel González, reafirmaron el compromiso priista para defender la economía familiar, la competitividad nacional y la justicia fiscal.

Las y los diputados federales del PRI manifestaron su rechazo contundente a las reformas a la Ley Federal de Derechos, al considerar que hay incrementos que afectarán directamente a las familias mexicanas, al sector productivo y a los servicios públicos del país, como son pagar más por entrar a museos, zonas arqueológicas, renovar un pasaporte o por aplicaciones digitales de negocios.

Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, el diputado Jericó Abramo Masso advirtió que el Paquete Económico enviado por el Gobierno Federal no fortalece las finanzas públicas, sino que busca incrementar la recaudación a costa de la economía familiar, al elevar los impuestos en productos de consumo básico, como los refrescos, así como en servicios culturales y digitales.

“Se está proponiendo un incremento del IEPS en refrescos de 1.68 a 3.68 pesos por litro, un alza del 88 por ciento”, señaló. Detalló que hay 4.7 millones de pequeñas y medianas empresas que van a resentir esta retención y pago de impuestos porque será sobre sus ventas y no sobre su utilidad, algo que dañará la construcción de la formalidad que tanto esfuerzo ha tenido en los últimos 22 años en nuestro país.

Abramo Masso agregó que los aumentos en cuotas para museos —de hasta 118 por ciento— y los nuevos cobros al comercio digital dañarán a micros y pequeñas empresas, especialmente a mujeres emprendedoras que venden sus productos por plataformas en línea. “No se trata de fortalecer a México, se trata de recaudar más, pero sin devolverlo en salud, educación o infraestructura”, puntualizó.

Advirtió que el huachicol fiscal representa 170 mil millones de pesos por año, mientras más de 2 mil 500 municipios dejarán de recibir 20 millones de pesos cada uno, porque el Gobierno destinará más recursos a pagar intereses de deuda que a nuevos créditos.

Por su parte, el legislador Juan Moreno de Haro calificó la iniciativa como una medida insensible y recaudatoria, que afecta tanto al migrante como al empresario. “No se trata de una actualización técnica, sino de un nuevo golpe al bolsillo de las personas. Elevar las cuotas migratorias hasta en un 100 por ciento es una contradicción ética: regularizarse en México se convierte en un lujo”, afirmó.

Moreno de Haro explicó que los incrementos en derechos aeronáuticos, marítimos y ambientales encarecen la operación de sectores estratégicos, restan competitividad y convierten en “créditos fiscales” los temas ambientales. “El problema no es que México no recaude, el problema es que no administra bien lo que recauda. No se puede cobrar más cuando el Estado gasta mal y lo administra peor”, subrayó.

A su vez, la diputada Ana Isabel González sostuvo que esta ley no tiene nada de derecho, pues es “una ley de impuestos disfrazada”, que golpea a los más pobres y demuestra el verdadero rostro del actual gobierno. “Lo que menos les importa es la gente. Suben el precio del agua, castigan a los migrantes y encarecen los accesos a los museos. Todo lo hacen con fines recaudatorios”, denunció.

“En el PRI estamos del lado de la gente, no nos cansaremos de levantar la voz. Lo que hoy están aprobando no son derechos, son impuestos disfrazados”, enfatizó la legisladora.

Las y los Diputados del PRI reafirmaron su compromiso de defender la economía familiar, la competitividad nacional y la justicia fiscal, y reiteraron que votarán en contra de cualquier medida que pretenda cargar sobre los ciudadanos el costo de la mala administración pública.

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