NO HAY MEXICANOS DE SEGUNDA: PRI VOTA EN CONTRA DE RESTRICCIONES POR DOBLE NACIONALIDAD

· Las y los diputados priistas aseguraron que tener una segunda nacionalidad no puede convertirse en motivo de desconfianza ni en una limitante para ejercer derechos políticos.
· Subrayaron que este dictamen fue hecho con dedicatoria particular de carácter electoral, ya que no representa una demanda popular ni un reclamo ciudadano.
Las y los diputados federales del PRI advirtieron que elevar la doble nacionalidad a un motivo de sospecha o exclusión pública representa una gran regresión en materia de derechos humanos, pues millones de mexicanos que residen en el extranjero por razones laborales o familiares podrían ser estigmatizados como desleales a la Patria. Por ello, anunciaron su voto en contra de las restricciones.
Al posicionar a nombre de la bancada que coordina Rubén Moreira Valdez, los legisladores Alejandro Domínguez, Samuel Palma, Nadia Navarro, Miguel Alonso, Socorro Jasso, Arturo Yáñez y Theodoros Kalionchiz lamentaron que Morena aplauda quitar derechos a los mexicanos que viven en el extranjero, quienes aportan más de 63 mil millones de dólares anuales en remesas.
Al posicionar en Tribuna, Alejandro Domínguez sostuvo que no se han presentado casos concretos que demuestren que contar con una segunda nacionalidad represente un conflicto de interés o una falta de lealtad a México.
Además, precisó que el artículo 32 de la Constitución establece normas claras para el ejercicio de los derechos de quienes poseen otra nacionalidad y para evitar conflictos de interés en cargos reservados para los mexicanos.
Alejandro Dompínguez criticó que se pretenda establecer una nueva restricción a los derechos políticos de mexicanas y mexicanos que viven dentro y fuera del país y mencionó que tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades.
“La lealtad se demuestra evaluando las conductas de funcionarios que están vinculados con el crimen organizado; protegiendo las instituciones que ustedes han destruido y poniendo siempre por delante los intereses del país”, agregó.
En su intervención, Samuel Palma cuestionó que a los compatriotas se les pretenda cerrar las puertas y se les mande un mensaje de exclusión, violatorio de los derechos otorgados. Ahora, dijo, son calificados como ciudadanos de segunda, porque para determinados cargos ellos no podrán aspirar a ocuparlos por tener otra nacionalidad.
Recordó que reformas anteriores en materia de nacionalidad fueron construidas mediante un proceso plural, con foros, especialistas, legisladores y un amplio debate en varias regiones del país, a diferencia de la rapidez con la que, subrayó, hoy se pretende modificar la Constitución.
La diputada Nadia Navarro afirmó que tener una segunda nacionalidad no puede convertirse en motivo de desconfianza ni en una limitante para ejercer derechos políticos. “Nuestros paisanos no son extranjeros, son mexicanos con derechos legítimos de aspirar a conducir y a dirigir los destinos de su país y de su estado”, anotó.
Reprochó que a millones de connacionales se les reconozca como mexicanos por su trabajo y sus aportaciones al país, pero se pretenda restringir su participación cuando aspiran a determinados cargos públicos.
Por su parte, el legislador Miguel Alonso Reyes señaló que no fueron escuchadas las voces de las organizaciones, federaciones y clubes de migrantes que han manifestado su enorme preocupación frente a esta iniciativa.
En tanto, Socorro Jasso aseveró que esta reforma no atiende ningún riesgo real de seguridad nacional, “solo se trata de un distractor legislativo redactado al vapor para desviar la atención de los severos señalamientos que pesan sobre el desempeño económico y la paz social del país”.
A su vez, Arturo Yáñez puntualizó que tener una segunda nacionalidad no determina la lealtad de una persona y que no se deben restringir los derechos políticos de las y los mexicanos por esa condición.
Finalmente, Theodoros Kalionchiz expresó que el oficialismo ha decidido decretar que existen mexicanos legítimos para gobernar y otros más que son sometidos a la sospecha perpetua, despojándolos de un derecho fundamental como es la legítima aspiración para ocupar un cargo público.
Las y los legisladores del PRI enfatizaron que la democracia y la lealtad a México se protegen privilegiando el interés superior del país y no los intereses particulares del poder.
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