LEGISLADORES DEL PRI PIDEN SUSPENDER OBRAS, PRESENTAR INFORMES DE VIABILIDAD Y COMPARECENCIA POR RIESGOS FERROVIARIOS

·         Rubén Moreira, Carolina Viggiano y Manuel Añorve presentaron cuatro puntos de acuerdo para que la Comisión Permanente realice los exhortos.

·         Exigen detener operaciones del Tren del Istmo y Tren Maya hasta que se informe al Congreso y hagan públicos los estudios de impacto ambiental, los proyectos ejecutivos y el análisis del costo beneficio.

·         También solicitaron la comparecencia de los titulares de Marina, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Dirección General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

El descarrilamiento de la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas, así como los cuatro descarrilamientos del Tren Maya desde su inauguración, evidencian deficiencias en la planeación, supervisión y operación de estos proyectos ferroviarios, señalaron el diputado federal Rubén Moreira Valdez y los senadores Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños.

Por ello, los legisladores del PRI presentaron cuatro puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente, para que se exhorte a las autoridades relacionadas con las obras ferroviarias, a fin de que se suspendan las construcciones y operaciones del Tren Interoceánico y el Tren Maya, por el riesgo que conllevan; se presenten los estudios de factibilidad y viabilidad que respalden los proyectos, además de llamar a comparecer a las autoridades competentes.

En el caso de la suspensión y la comparecencia, el exhorto es a las secretarías de Marina (Semar), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), a la Dirección General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Los priistas consideran necesario realizar pruebas, inspecciones y revisiones para verificar el estado y seguridad de las vías férreas, así como de toda la infraestructura, el material rodante y los sistemas de control, avaladas por especialistas certificados y garantizar la seguridad.

En el caso del Tren Maya, apuntan en el documento, hubo cuatro descarrilamientos: en marzo, abril y agosto de 2024, y otro más en agosto de 2025. Recordaron que Fonatur señaló deficiencias en la implementación del programa de gestión hídrica y vulneración a la fauna de la zona, lo que provocó graves afectaciones al medio ambiente y violaciones a los tratados nacionales e internacionales en la materia de los que México es parte.

En otro punto de acuerdo, solicitan se llame a los titulares de la SHCP, SEDENA, SEMAR, SICT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para que informen al Congreso y hagan público los estudios de impacto ambiental, los proyectos ejecutivos y el análisis del costo beneficio y viabilidad de los proyectos de inversión ferroviario anunciados para el 2026, y para que se suspendan dichos proyectos hasta que se garantice su viabilidad financiera, presupuestal, funcional y su ejecución especializada.

Asimismo, Moreira, Viggiano y Añorve pidieron atender de manera puntual las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el fin de garantizar que el sistema funcione de manera integrada y segura, y que las operaciones del tren se lleven a cabo bajo estrictas condiciones de protección para los usuarios.

Recordaron que la ASF, en las Cuentas Públicas de 2020 al 2023, en el caso del Tren Interoceánico, detectó irregularidades como anticipos sin acreditar ni inicio de obra, pagos por conceptos no ejecutados, exceso de balasto y matrices de precios unitarios inconsistentes, con sobreprecios, lo que refleja una falta de control y supervisión en el desarrollo del proyecto.

Refirieron que, aunque esa obra fue concebida para reactivar las vías férreas, estudios previos ya habían advertido que el costo superaba los beneficios, de manera inicial se estimaban tres mil millones de pesos, pero terminó ascendiendo a 20 mil millones.

Los legisladores expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y advirtieron que, mientras no exista una explicación técnica transparente y verificable ni se determinen responsabilidades, estas obras ferroviarias seguirán representando un riesgo para la población.

“En un Estado democrático, la vida de las personas no puede ser el costo oculto de la mala planeación, la corrupción y la improvisación gubernamental”, concluyeron Rubén Moreira, Carolina Viggiano y Manuel Añorve.

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