IMPULSA DIPUTADA MÓNICA SANDOVAL CONECTIVIDAD PARA ESCUELAS RURALES

·         Con el ánimo de hacer realidad el principio de inclusión y acceso a la educación de calidad, la legisladora priista abona por la instalación de la infraestructura necesaria para que las comunidades remotas.

Las autoridades educativas mexicanas deben implementar los programas necesarios de conectividad y equipamiento tecnológico, para que las comunidades remotas, sometidas a procesos de marginación, tengan acceso a la alfabetización digital, pues de ello depende en buena medida, inclusión y acercamiento a los nuevos entornos virtuales.

Con este argumento fundamental la diputada federal Mónica Sandoval presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Educación, a fin de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorpore en sus programas sectoriales, una directriz operativa y de equipamiento tecnológico en escuelas de comunidades marginales, especialmente en comunidades rurales alejadas a los grandes centros urbanos.

En ese sentido, la SEP deberá coordinarse con las autoridades educativas locales en las entidades y de acuerdo a las necesidades particulares y a la disposición presupuestal, se cumpla con este planteamiento, cuyo único objetivo, es impulsar la inclusión a los nuevos entornos digitales que poco a poco acaparan las actividades cotidianas, incluso los propios trámites oficiales exigen cada vez mayores habilidades digitales.

Según cifras del INEGI; expone Sandoval Hernández en su propuesta, apenas hace dos años, sólo 70 por ciento de población estudiantil entre 3 y 17 años cuenta con los elementos básicos para el proceso educativo en sus hogares, desde energía eléctrica o algún dispositivo electrónico como televisión, computadora, celular o conexión a internet.

La brecha digital se agudiza en estados del sureste como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde menos de 48 por ciento de la población en edad escolar cuenta con dichos insumos. Por otro lado, aunque 73 de cada cien viviendas mexicanas cuenta con internet, la cobertura se concentra en ciudades y se reduce en comunidades rurales, coartando el Derecho Constitucional de acceso a la educación.

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