IMPULSA DIPUTADA ARIANA REJON INICIATIVA DE TRANSPARENCIA LABORAL E IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES

·         La propuesta busca que el principio constitucional de "a trabajo igual, salario igual" deje de ser una simple declaración y se convierta en una obligación verificable.

·         La legisladora del PRI explicó que su propuesta introduce seis obligaciones concretas para las empresas, sin fijar salarios ni alterar la libre negociación colectiva.

La diputada federal Ariana Rejón Lara presentó una iniciativa para adicionar el artículo 86 Bis a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el objetivo de cerrar la brecha de género y erradicar la discriminación retributiva en el ámbito laboral.

La legisladora señaló que, si bien la igualdad salarial entre hombres y mujeres es un principio consagrado en la Constitución y en la propia LFT, en la práctica se mantiene como una promesa incompleta debido a la falta de información y transparencia.

"La evidencia oficial disponible describe una desigualdad estructural que no puede explicarse únicamente por decisiones individuales. Un derecho cuyo cumplimiento no puede verificarse es, en los hechos, un derecho debilitado", puntualizó.

Explicó que su iniciativa no fija salarios ni interviene en la negociación colectiva, sino que introduce seis obligaciones normativas claras orientadas a dotar de transparencia a los centros de trabajo: rangos salariales visibles, prohibición de antecedentes salariales, criterios objetivos y neutrales, derecho a la información retributiva, obligar a las empresas con 100 o más trabajadores y programas correctivos.

La diputada Ariana Rejón subrayó que esta propuesta representa el trabajo de una oposición responsable y constructiva: fiscalizar y proponer soluciones técnicas a omisiones legislativas históricas. Asimismo, destacó que la norma contempla lineamientos con cargas simplificadas para proteger y apoyar a las micro y pequeñas empresas, que conforman la columna vertebral de la economía nacional.

Con esta iniciativa, dijo, el marco jurídico mexicano se aproxima de manera efectiva a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en el Convenio 100 de la OIT y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres como base indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos.

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