EXIGE PRI A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR TRANSPARENCIA, EVALUACIÓN REAL Y RESULTADOS COMPROBABLES EN POLÍTICA SOCIAL

· El diputado Christian Castro señaló que la política social no debe medirse únicamente por el número de apoyos entregados, sino por el impacto real y el cambio positivo en las familias mexicanas.
· Samuel Palma puntualizó que las mediciones oficiales de 2024 indican que la reducción de la pobreza se debió fundamentalmente al incremento de los ingresos salariales.
Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, coordinados por Rubén Moreira Valdez, cuestionaron a la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante su comparecencia, exigiendo rendición de cuentas, transparencia y resultados reales en la política social del país.
A nombre de la bancada priista, el diputado federal Christian Castro Bello aseguró que la política social de un gobierno no debe evaluarse únicamente por el número de apoyos entregados, sino por el impacto real y el cambio positivo que produce en las familias mexicanas.
Recordó que el PRI ha respaldado históricamente los programas sociales —los cuales nacieron con el partido—, pero subrayó que estos no deben convertirse en instrumentos asistencialistas desconectados de las necesidades prioritarias, ni en sustitutos de una política integral que garantice derechos y permita salir de la pobreza de manera definitiva.
“El bienestar consiste no solamente en recibir una transferencia, también significa tener acceso a una buena educación, a una atención médica justa y necesaria, contar con seguridad social, tener una vivienda digna, disponer de servicios básicos y tener alimentos suficientes y nutritivos”, puntualizó.
Castro Bello insistió que el discurso de las cifras oficiales e insistió en que una reducción estadística no significa que los problemas estructurales estén resueltos, ni permite atribuir dichos cambios de manera automática a una sola dependencia. Por ello, exigió a la Secretaría del Bienestar explicar con precisión el destino de los recursos públicos y los mecanismos de verificación de resultados.
En este sentido, demandó conocer cuántas personas han superado de forma efectiva alguna de las seis carencias gracias a los programas de la dependencia, así como los indicadores específicos que respaldan dicha contribución. Asimismo, criticó el monto del presupuesto ejercido durante el último ejercicio fiscal y los resultados verificables obtenidos en el combate a la pobreza.
Además, solicitó detalles sobre las acciones coordinadas con los sectores de educación, salud, seguridad social y vivienda, así como las metas y plazos de cumplimiento que se informarán al Poder Legislativo.
Por su parte, el diputado Samuel Palma César subrayó la necesidad de realizar una revisión profunda y analítica de la política social y de los programas de bienestar, señalando que la labor legislativa debe centrarse en incrementar la eficiencia de estas acciones en beneficio de la ciudadanía.
El legislador puso sobre la mesa la discusión metodológica detrás de las cifras oficiales sobre la reducción de la pobreza, recordando que las propias mediciones de 2024 indican que el avance se debió fundamentalmente al incremento en los ingresos salariales —impulsados por un contexto de alta derrama económica y un déficit fiscal del 5.6 por ciento del PIB en dicho año—, sin que se les otorgue un peso determinante a los programas sociales en esa disminución.
Ante ello, puso en duda que dichos resultados fuera de una “fotografía” coyuntural y exigió saber qué evaluaciones tiene la Secretaría para distinguir entre condiciones estructurales y circunstancias extraordinarias de gasto público.
Para finalizar, lamentó cómo puede hablarse de un modelo integral de bienestar cuando la reducción estadística coexiste con graves carencias sociales, particularmente en materia de salud.
“El veredicto de éxito de una política social no consiste únicamente en conseguir una fotografía favorable de la pobreza, sino en construir las condiciones para que esa mejoría sea real, integral y permanente”, sentenció.
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