DIPUTADOS FEDERALES DEL PRI ADVIERTEN: PROHIBICIÓN TOTAL DE VAPEADORES CRIMINALIZA A CONSUMIDORES Y DESATARÁ MERCADO NEGRO

·         La bancada del PRI votó en contra de criminalizar a quien adquiera o guarde este tipo de dispositivos.

·         La alternativa responsable es regular, mediante una ley secundaria, la venta, distribución y uso de estos dispositivos que han sido adoptados como sustitutos del cigarro tradicional.

·         La propuesta de prohibición absoluta impulsada por Morena y aliados, no resuelve el problema de las adicciones.

Las diputadas y los diputados federales del PRI, coordinados por Rubén Moreira Valdez, alertaron que la propuesta de prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, impulsada por Morena y aliados, criminaliza a los usuarios, no resuelve el problema de las adicciones y abre la puerta a un mercado negro incontrolable.

Afirmaron que es errónea la vía de la prohibición total por lo que votarán en contra el dictamen, porque no ataca el fondo del problema y, por el contrario, genera riesgos adicionales para la salud pública y para la seguridad. Subrayaron que la alternativa responsable es regular, mediante una ley secundaria, la venta, distribución y uso de estos dispositivos que en muchos casos han sido adoptados como sustitutos del cigarro tradicional.

A nombre de la bancada del PRI, Ana González, Ivonne Ruiz Moreno y Mónica Sandoval Hernández, llamaron a las personas usuarias a informarse sobre el contenido de la iniciativa y las sanciones penales que se pretenden aprobar, ya que la propuesta contempla medidas extremadamente severas.

La legisladora Ana González expuso que el artículo 456 Bis propone penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2 mil veces el valor de la UMA, aproximadamente 225 mil pesos, para quienes participen en cualquiera de las actividades relacionadas con vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos.

Precisó que las sanciones se darán por la adquisición, almacenaje, conservación, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, importación, exportación, comercio, distribución, venta, suministro, así como publicidad y propaganda que promueva su consumo. Anotó que son 17 verbos para sancionar con esta reforma.

Por ello y para atacar estas acciones, Ana González propuso campañas de prevención para que los mexicanos dejen de consumir algo que les hace daño, pero puntualizó lo más importante es una regulación responsable, no castigos desproporcionados ni ocurrencias que afecten a millones. “El Reino Unido, Nueva Zelanda y toda la Unión Europea, lo han regulado”, enfatizó.

En su intervención, Ivonne Ruiz advirtió que estas medidas generarán un mercado negro, aumentarán la distribución clandestina y se requerirán recursos adicionales para vigilancia sanitaria, al tiempo que incrementarán la carga del sistema judicial con nuevos delitos, en un contexto donde ya existe saturación.

Indicó que la iniciativa también propone una profunda centralización del sistema de salud, otorgando un rol preponderante a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, que incluso supervisaría a las unidades estatales de control y se contempla la creación del Sistema Federal Sanitario. Agregó que la ley obliga que el Fondo de Salud para el Bienestar garantice la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos como el cáncer, pero con esta reforma Morena elimina la obligación.

Al cierre de las participaciones del PRI, Mónica Sandoval afirmó que “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes; a ustedes no les importa lo que pasa en las calles todos los días, lo que está pasando en México”, apuntó.

Aseguró  que el PRI “sigue vivo” y que antes había instituciones “con resultados”, mientras que hoy, aseguró, “vemos gente sumisa, esperando a ver hasta cuándo llegan insumos a un hospital”. 

Por lo anterior, los diputados del Revolucionario Institucional señalaron que, nuevamente, Morena intenta aprobar reformas a prisa, sin análisis profundo y sin escuchar a las entidades federativas, pese a que la iniciativa tiene impacto directo en la operación local de los servicios de salud.

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