BUSCA ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARANTIZAR EN LA LEY LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MEXICANAS Y MEXICANOS REPATRIADOS

·       El legislador del PRI presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración y dar carácter permanente e institucional a las acciones de apoyo a connacionales.

·       Propuso establecer facultades claras de coordinación para la Secretaría de Gobernación y de orientación y canalización para el Instituto Nacional de Migración (INM).

Con el propósito de trascender los programas de carácter administrativo y dotar al Estado mexicano de una responsabilidad institucional permanente, el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para reformar los artículos 18 y 20 de la Ley de Migración.

La propuesta legislativa busca asegurar que el retorno de las y los connacionales desde el extranjero no se limite únicamente a su recepción en el territorio nacional, sino que cuente con mecanismos institucionales sólidos para acompañar su posterior reintegración social y económica.  

El legislador subrayó que la movilidad humana coloca a México no solo como país de origen, tránsito y destino, sino también de retorno. Tan solo, dijo, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, cifras oficiales de la Estrategia Nacional de Repatriación México te Abraza reportan la repatriación de 271 mil 193 personas mexicanas desde Estados Unidos, acumulando más de 1 millón 567 mil servicios proporcionados (alimentación, traslados, salud, vinculación laboral, entre otros).

Asimismo, se advierte que el 55 por ciento de las personas repatriadas provienen de entidades como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México, lo que confirma que la atención a este sector es un asunto de alcance nacional.  

Domínguez Domínguez señaló que organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coinciden en que la reintegración es un proceso multidimensional —económico, social y psicosocial— que requiere un enfoque integral y coordinado de gobierno.

Por ello, su iniciativa plantea dos modificaciones puntuales:   facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar con las dependencias federales, estatales y municipales el diseño e implementación de políticas y programas que faciliten el acceso a oportunidades de empleo, capacitación, educación, salud, documentación e inclusión financiera de las personas repatriadas.  

Así como darle atribuciones el Instituto Nacional de Migración para establecer expresamente la obligación de brindar orientación a las personas mexicanas repatriadas y canalizarlas adecuadamente hacia las instancias competentes en materia laboral, certificación de competencias, continuidad educativa y servicios de salud, entre otros.  

El diputado federal enfatizó que la reforma no pretende duplicar funciones ni alterar las competencias sustantivas de otras dependencias, sino fijar un piso normativo permanente que garantice que la obligación de coordinar, orientar y canalizar a la población repatriada permanezca firme más allá de los cambios administrativos o de la denominación de los programas en turno.  

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