El vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó una propuesta de modificación a la Ley de Instituciones de Crédito destinada a exigir a los bancos cumplir con los protocolos para evitar las estafas vía internet y permitir así el acceso a mecanismos de defensa adecuados para los cuentahabientes de la banca electrónica, frecuentemente en desventaja frente a las instituciones de crédito al reclamar un fraude cibernético.

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) señaló que es necesario que, mediante la orientación obligatoria por parte de los bancos a sus clientes, se posibiliten las vías legales a las que éstos puedan acudir para objetar las transferencias de recursos que no reconozcan y que se hayan ejecutado a través de plataformas de transferencias electrónicas.

Mediante la adición propuesta al artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, especificó el legislador priista, se propone obligar a los bancos a demostrar el cumplimiento de las normas que obligan a las instituciones de crédito a observar ciertos protocolos para evitar ciberataques, “pues de lo contrario, operará en su contra la presunción de que su sistema de seguridad electrónico fue vulnerado, facilitando el robo a sus cuentahabientes”.

El diputado Mendoza Bustamante argumentó que esta iniciativa se justifica en el hecho de que las personas que usan la banca móvil se encuentran en una posición de desventaja frente a las instituciones de crédito, al no contar con los mecanismos tecnológicos necesarios para demostrar un atentado digital, sin dejar de lado la resistencia que los bancos pueden poner cuando sus clientes pretendan revisar la estructura y conformación de sus servidores para demostrar el fraude.

Abundó que los bancos han aprovechado la tecnología para facilitar el acceso a la banca en línea o electrónica, y buscan herramientas que les permitan otorgar mayor agilidad en la realización de sus operaciones y mantener la seguridad de su patrimonio y el de sus clientes.

Sin embargo, recalcó el legislador del PRI por el estado de Hidalgo, ello no ha evitado que dichas instituciones y sus clientes sean objeto de ataques ciberataque. Tales delitos, en 2019, tuvieron un costo de 785.4 millones de pesos, y durante el 2021 las afectaciones fueron de al menos 39 millones de pesos, detalló.

Finalmente, manifestó que el Covid-19 ha puesto en jaque la economía de las familias, lo que ha provocado que millones de personas hayan cancelado sus tarjetas de créditos, pero es importante que aquellos cuentahabientes que aún conservan este mecanismo de pago para poder hacer frente a la crisis económica que vive México y el mundo, tengan las garantías necesarias en caso de una vulneración o ataque cibernético.

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